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“Cada 5 minutos se registra 1 llamada a la línea de emergencia 911 por violencia basada en género (VBG), durante la cuarentena”. Entrevista a la Mg. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos del Ecuador.

25 Mayo 2020
Mg. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos
Mg. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos

En el contexto de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, UNFPA Ecuador coordina acciones conjuntas con la Secretaría de Derechos Humanos para la prevención y respuesta a la VBG.

 

¿Por qué la violencia basada en género (VBG) puede aumentar durante una cuarentena como la que vivimos por la pandemia del COVID-19?

Definitivamente aumenta. Según la CEPAL en los países de América Latina existe un aumento exponencial de las llamadas de auxilio y en Ecuador como Argentina estás llamadas en situación de confinamiento se vieron disminuidas al menos en un 35% en relación al año 2019. Esto no significa que la violencia haya disminuido, por el contrario, se han reducido los espacios y canales para pedir auxilio, denunciar, acogerse en lugares seguros, ausencia de medios tecnológicos, reducida movilización y sobre todo la convivencia con el perpetrador o agresor hacen que se pierdan oportunidades valiosas de salvaguardar la vida de niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Aumenta porque las mujeres entran en un proceso de mayor indefensión, al no contar con su red de amigos o familia que la auxilie, los servicios presenciales y esenciales se ven reducidos para atender de manera oportuna, el acceso a salud, policía y otras atenciones son simplemente más demoradas ante el confinamiento. La violencia silenciosa marca la vida de las mujeres para el resto de su vida.

El 911 ha receptado 14208 llamadas de auxilio por VBG durante la cuarentena

 

¿Cuántas llamadas llegaron al 911 por VBG, durante la cuarentena y cómo analiza la Secretaría de Derechos Humanos esta situación?

Desde que inició el Decreto 1017 a partir del 17 de marzo del 2020, el ECU 911 registró hasta el 13 de mayo 14208 llamadas de auxilio que corresponde al 64% de llamadas aproximadamente del año 2019 que fue superior a 21965 en el mismo lapso.

Si desmenuzamos un poco más, esto significa que el ECU 911 recibe 1 llamada cada 5 minutos y el fin de semana entre viernes a partir del mediodía al domingo 1 llamada cada 3 minutos.

Solo en abril realizamos 4244 atenciones a 1775 víctimas, esto se traduce en seguimiento y acompañamiento.

Esto ratifica que se reducen las alternativas de denuncia y pedir auxilio. Que existe un subregistro importante frente a la realidad de muchas de las mujeres. Que las formas de conocimiento sobre la violencia se minimizan y por tanto también se acortan las posibilidades de respuesta. El subregistro es peligroso porque no ponemos en evidencia cuántas mujeres están en peligro y no pueden pedir ayuda y cómo asistirlas. Por tanto, mañana será complejo conocer el verdadero impacto del confinamiento en el índice de violencia. Sin lugar a dudas la información de medios de comunicación sobre femicidios a niños, niñas y mujeres dan cuenta que la agresividad y virulencia de la violencia son mayores en condiciones de mayor presión social.

La Secretaria de Derechos Humanos en reunión de trabajo con el ECU911

 

¿Cuál es la respuesta del gobierno nacional a esta situación?

La respuesta gubernamental ha sido enfrentar la emergencia sanitaria a través de los servicios de diferentes instituciones en las modalidades de teletrabajo y presencial. El COE Nacional aprobó el protocolo de a) Comunicación y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar durante la Emergencia Sanitaria por CORONAVIRUS (COVID19) el 27 de marzo y un alcance al 16 de abril, que facilita en situación de inmovilización la articulación interinstitucional y la operación presencial de muchos servicios del ejecutivo y de la función judicial para no dejar desprotegidas a las mujeres.

Adicionalmente la SDH realizó un convenio con el ECU911 que implica contar con la data privilegiada de llamadas de auxilio de VIF y luego aprobó el protocolo interno de atención para tele-asistencia y detección del riesgo a víctimas de violencia. Los servicios presenciales facilitan la denuncia, el acceso a la justicia, acompañamiento en varios casos, contención y la aplicación de medidas de protección como botón de pánico, salida del domicilio del agresor o de la víctima, acompañamiento psicológico y legal. Muchas mujeres “huyen” a Casas de Acogida y Centros de Protección donde el triage sanitario ha sido necesario, como también una cuarentena obligatoria.

La entrega de kits alimenticios a mujeres jefas de hogar y víctimas de violencia son una opción de mitigación a través del programa de asistencia del MIES. Y al mismo tiempo la implementación de un LACTARIO con aporte de ACNUR en frontera norte frente norte a la realidad de muchas madres migrantes con hijos menores de edad.

Junto a CNT promovemos una aplicación APP #Junt@s a fin de potenciar los canales de auxilio de la víctima a través de sus contactos y acceso al ECU911.

Promovemos con la Red Nacional de Tiendas de Barrio la iniciativa de buzón de alerta a fin de tener medios alternativos de auxilio.

Y contamos con una línea de ADVOCACY para autoridades de gobiernos locales a fin de evitar que los presupuestos frente a la emergencia no se desvanezcan y se pierdan, los mismos que se orientan a el funcionamiento de Juntas de Protección de Derechos.

 

¿Cuál es su criterio sobre la cooperación de UNFPA Ecuador con la Secretaría de Derechos Humanos respecto de este tema?

UNFPA es nuestra aliada clave para fortalecer la atención de la violencia basada en género que articula tres elementos: la difusión de derechos de las mujeres en situación de pandemia y la promoción de servicios, el acompañamiento junto a la Universidad Indoamérica para crear experiencias en gestión de conocimiento vinculadas a la atención en tiempos de COVID19 a fin de mejorar y potenciar servicios de casas de acogida, centros de protección y profesionales del Servicio de Protección Integral de Derechos y asistencia técnica en temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos en mira a la garantía de derechos en medio de las limitaciones de movilización y acceso.