La clave para poner fin a la mutilación genital femenina: sumar esfuerzos y actuar

En el mundo, la mutilación genital femenina ha afectado a más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo.

En Ecuador no existe la práctica de la mutilación genital femenina, sin embargo, esta se sigue presentando en algunas comunidades indígenas de Colombia, país fronterizo al norte de Ecuador, siendo el único país de Latinoamérica donde se realiza esta práctica.

La mutilación genital femenina o ablación es una práctica nociva que incluye procedimientos que de forma intencional y por motivos no médicos, extirpan, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos externos (OMS, 2010), con graves afectaciones a la salud y la vida de las niñas y mujeres, principalmente durante su primera infancia, así mismo se constituye como una vulneración de sus derechos humanos y una forma de violencia basada en género, pues afecta la salud y la vida de las niñas y mujeres.

Se realiza en 30 países del mundo, entre ellos Colombia, como una manifestación de la desigualdad de género por diferentes razones, en algunos casos es un requisito para el matrimonio, en otros se considera un rito para pasar de la pubertad a la adultez. UNFPA, a través de un trabajo de reflexión conjunta con las comunidades indígenas colombianas, ha identificado posibles creencias por las que se realiza la mutilación genital femenina, como evitar el alargamiento del clítoris para que no se asemeje a un pene; y que las mujeres no tengan más de una pareja sexual. En Colombia la mutilación genital femenina se sigue realizando con el agravante de que no existen registros precisos sobre el número de niñas y mujeres afectadas, ni precisión sobre los lugares donde se realiza, ya que los datos que se conocen son aquellos que han causado algún tipo de infección o muerte. 

Desde el 2012, comunidades indígenas Embera de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda y del municipio de Trujillo en el Valle del Cauca en Colombia, donde se ha identificado esta práctica, han declarado públicamente su compromiso de trabajar en el abandono de la mutilación genital femenina, bajo el concepto de que la “cultura debe generar vida y no muerte”, y consecuentemente se han coordinado procesos e iniciativas de carácter interinstitucional con las autoridades indígenas y con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otras entidades, para la sensibilización y reflexión acerca de las consecuencias y el daño que ésta práctica produce sobre la salud y la vida de las niñas y mujeres indígenas y contra la pervivencia del Pueblo Embera de Colombia.

Cabe resaltar que, dentro de estos procesos de reflexión, las comunidades indígenas Embera han concluido que la mutilación genital femenina no es propia de la cultura de su pueblo, sino una práctica aprendida que ha pasado de generación en generación bajo creencias erróneas sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Por eso, para su erradicación se deben concentrar acciones para hacer conciencia sobre el daño que causa, generar un cambio sobre las creencias que hay alrededor de ella, y así mismo resaltar desde lo tradicional (ley de origen) del pueblo indígena que esta práctica no es natural, al igual que cualquier otra práctica o tradición que ponga en una situación de desigualdad a las mujeres o vulnere sus derechos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye el objetivo de: “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas”, el cual contempla dentro de sus indicadores “eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina”. Lo que significa que los países que están comprometidos en el cumplimiento de los ODS como Colombia, deben dirigir sus acciones de desarrollo para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y, en esa medida, es una prioridad poner fin a la mutilación genital femenina.

«Cualquier acción que atente contra la salud y la vida de las niñas y mujeres es una violación de los derechos humanos y es nuestro deber visibilizarla y contribuir para su erradicación definitiva»

^{Fuente: UNFPA Colombia}