En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida solo por ser mujeres. La situación se ha agravado con la pandemia de covid-19. Desde que inició la emergencia sanitaria en marzo hasta fines del 2020, se registraron 89.725 llamadas relacionadas con violencia de género, según el ECU 911, y la cifra podría ser mucho más alta porque muchas mujeres no tienen acceso a denunciar. Cecilia Chacón, Secretaria de Derechos Humanos, asegura que los datos “no reflejan el gran número de llamadas de auxilio porque se redujeron en un 30%”. Además, un grupo que es aún más vulnerable a experimentar violencia de género son las mujeres migrantes en frontera norte y sur.
Lola Valladares, Oficial de Género de UNFPA en Ecuador, dice que en momentos de emergencia, UNFPA tiene la responsabilidad de prevenir y responder a la violencia basada en género. Por eso, en el contexto de la emergencia sanitaria, la agencia ha desarrollado varias acciones para atender a las víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género. Valladares explica, sin embargo, que la atención que han brindado se enfoca en en las fronteras norte y sur, por el alto grado de vulnerabilidad de las mujeres en estas zonas. Dice además que es importante atender a la población migrante y refugiada venezolana porque “han sido particularmente afectadas por situaciones de violencia empeoradas por la pandemia”.
Rosa Manzo, Directora de la Fundación Quimera —que apoya al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerabilizados socialmente en Machala y Huaquillas— dice que en la frontera sur del Ecuador, la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres venezolanas es grave. Según explica Manzo, a pesar de los esfuerzos del Estado y otras organizaciones, las mujeres viven situaciones muy precarias y mucho más ahora con la pandemia.
“Como muchas veces [las mujeres en situación de movilidad humana] no tienen documentos, ni fuentes de trabajo seguras, recurren a vivir en grupos o a expensas de apoyos masculinos que las hace aún más vulnerables” cuenta Manzo. Además, según dice, las mujeres también se exponen a malos tratos y discriminación por parte de la gente local. Así como también asegura que muchas mujeres son víctimas de violencia psicológica y que constantemente reciben “ofertas” de dinero a cambio de sexo. Rosa Manzo dice que las ven y las tratan como objetos, y que como no tienen documentos regularizados, prefieren no denunciar y se quedan calladas.
En la frontera norte, la situación es parecida. Un informe de 2019 de ONU Mujeres y ACNUR encontró que las mujeres venezolanas en condición de movilidad humana, en las provincias fronterizas de Imbabura, Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas corren un alto riesgo de experimentar explotación y violencia sexual. Además, son también más propensas a experimentar otros tipos de violencia basada en género como física y psicológica.
Además, al igual que en la frontera sur, muchas de estas mujeres por su condición migratoria o por miedo, no denuncian estos delitos, por lo que es aún más difícil protegerlas y darles la atención que necesitan. Y esto se ha ahondado por el encierro y otras restricciones establecidas por el gobierno para controlar los contagios de covid-19 en el país. María del Carmen Valenzuela, psicóloga social de la Fundación Lunita Lunera, dice que por eso la fundación está trabajando con un enfoque importante en este tema.
Valenzuela dice que cuando una mujer extranjera les cuenta que fue víctima de violencia, ellos les recuerdan que tienen derechos y que pueden denunciar al agresor.
Además, “les decimos que tienen derecho a acceder a todos los servicios de atención de violencia basada en género aunque sean extranjeras o aunque estén en el país de forma irregular”, dice Valenzuela. Su enfoque es enseñarles a alzar su voz y acompañarlas en el proceso.
Para lograr una atención integral y efectiva de este grupo de mujeres en el contexto de la pandemia, Lola Valladares dice que UNFPA ha establecido alianzas con organizaciones que son expertas en el tema, como por ejemplo Fundación Quimera y Fundación Lunita Lunera. Según cuenta Valladares, UNFPA también donó 1.500 kits de dignidad y prevención de violencia basada en género a la Secretaría de Derechos Humanos y otras organizaciones que están atendiendo directamente este tema. Los kits incluyen mascarillas, toallas sanitarias, paños húmedos, gel antibacterial, entre otros. Pero también tienen documentos informativos sobre violencia de género, puntos de atención y recepción de estos casos, y unidades de atención en salud.
UNFPA también ha realizado una estrategia comunicacional que busca prevenir y responder a la violencia basada en género que ha aumentado en la pandemia. Valladares dice que cada cierto tiempo se están enviando mensajes a través de redes sociales, infografías animadas y cuñas radiales, para que las mujeres sepan que no están solas. La emergencia de covid-19 ha afectado de forma desigual a las mujeres. Sin embargo, agencias como UNFPA, y organizaciones como Lunita Lunera afirman que seguirán comprometidas y continuarán trabajando para proteger a las mujeres más vulnerables en este tiempo.
