El Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses con apoyo de UNFPA, realizaron el evento de capacitación al personal de salud sobre herramientas periciales para la valoración médica en casos de violencia basada en género. El evento fue dirigido al personal médico de las 15 salas de primera acogida en Ecuador.
Desiree Viteri, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Salud señaló: “este taller es un hito en el tema de violencia basada en género, que es un fenómeno complejo a escala mundial. Debemos trabajar interinstitucionalmente en educación y prevención de la violencia como una prioridad estatal”.
Daniela Alvarado, oficial de Contextos Humanitarios del UNFPA Ecuador, enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo intersectorial e interdisciplinario, para que las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género puedan acceder a servicios integrales de salud y justicia de calidad.
Ximena Coello, directora de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado destacó la importancia de que el personal médico se capacite, pues –muchas veces– las víctimas de estos delitos no acuden a denunciar, sino que se acercan directamente a los servicios de salud:
“El compromiso de las instituciones es trabajar de forma coordinada en el combate a la violencia de género y dar respuestas positivas a las víctimas de estos delitos”, señaló.
Gabriela Díaz, directora (subrogante) del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses dijo:
“la labor de los médicos es salvar vidas, pero también la administración eficiente de la justicia salva vidas, también se salvan vidas evitando la impunidad”.
Cada una de las instituciones expusieron claramente sobre su rol en la respuesta a la violencia basada en género y cómo evitar la revictimización de las personas. Así mismo los desafíos que todavía se deben resolver para lograr una atención oportuna y de calidad.
Diana Moya, fiscal especializada en Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, señaló que todas las personas que conozcan sobre un delito de carácter sexual tienen la obligación de denunciar. Señaló: "el artículo 276 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la omisión de denuncia por parte de un profesional de la salud".
En estos días de capacitación e intercambio se trataron temas como: administración del Kit Púrpura, también llamado kit de violencia sexual, que contiene tratamientos y antiretrovirales para inifecciones de transmisión sexual, VIH y anticoncepción oral de emergencia, pericia Médico Legal, rol de las instituciones de administración de justicia, sustentación de la audiencia y litigación oral, examen médico legal, correcto llenado de documentos médicos legales y formularios del Ministerio de Salud Pública, manejo de muestras, cadena de custodia, entre otros.
Esta capacitación interinstitucional se realizó el 19, 20 y 21 de julio de 2023 y constituye un importante avance en la respuesta interinstitucional frente a la violencia basada en género.
